Los estallidos sociales de Paraguay revelan una verdad incómoda al mundo

Por Norma Flores Allende desde Asunción, Paraguay.

Desde el 5 de marzo ocurren manifestaciones cotidianas en diferentes ciudades en todo el territorio paraguayo. La grave crisis social y política ha logrado trascender a medios de todo el mundo exponiendo a profundidad la realidad que se vive en el país.

Incremento de muertes por COVID, colapso de hospitales públicos y privados, insumos médicos que no existen, vacunas insuficientes y en gran medida donadas, pedidos desesperados de solidaridad, constituyen la realidad hoy en las calles de todo el territorio paraguayo. Al sombrío panorama se suma una crisis económica que avanza a pasos agigantados manifestándose en hambre, despidos, cierre de negocios, locales vacíos y aumento de la inseguridad.

La respuesta indolente del presidente Mario Abdo Benítez, hijo del exsecretario del dictador Alfredo Stroessner, a un taxista desesperado que le imploraba ayuda debido al alto costo de los medicamentos encendió la chispa de las movilizaciones. Con indiferencia y burla, Abdo Benítez afirmó: “Yo no soy médico, cómo voy a saber”. Cabe destacar que Paraguay es uno de los países que menos invierte en salud pública de todo el continente, con un sistema altamente fragmentado e incapaz de atender la demanda, en donde los paraguayos pagan directamente de su bolsillo gastos de salud en una proporción mayor a la media de América Latina y el Caribe.

Una de las soluciones históricas a este problema ha sido la migración a países vecinos como Argentina y Brasil para solicitar atención médica. A este hecho se suma que debido a la especulación en costos de los medicamentos los paraguayos en plena crisis sanitaria por la COVID-19 están recurriendo al contrabando de ciudades argentinas fronterizas para abastecerse.

Para explicar el estallido de este marzo de protestas en Paraguay hay que sumar, además de la crisis sanitaria y socioeconómica, los altos niveles de corrupción. Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica tras Venezuela. Ante la incapacidad del Estado paraguayo de responder a la pandemia de la covid-19 por la falta de recursos, el mismo ha tenido que recurrir a préstamos internacionales. Tras numerosos escándalos de corrupción ligados a grandes contratistas del Estado, el destino de los fondos es un reclamo de los manifestantes quienes exigen juicio político contra el presidente Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez.

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El incendio provocado en la sede de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) el 17 de marzo fue la demostración de un hartazgo, también evidenciado en las consignas de las manifestaciones. Casi 70 años de hegemonía del Partido Colorado, 34 de ellos transcurridos en la dictadura militar más larga de América Latina, han legado uno de los países más pobres y desiguales del continente, con unos indicadores escandalosos en materia de salud pública, educación, infraestructura, corrupción, entre otros. Después de la apertura democrática acontecida en 1989, Paraguay sigue siendo gobernado por el mismo partido, por personas vinculadas al régimen estronista, y con un proceso deficiente en materia de memoria, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1954 y 1989.

Sin embargo, aún en transición democrática la herencia autoritaria persiste. En medio de las manifestaciones, un comité conformado por diferentes organizaciones de derechos humanos de Argentina está de visita en el país para exigir la investigación de la desaparición forzada de la adolescente Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba y de las ejecuciones extrajudiciales de las niñas argentinas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, crímenes de lesa humanidad cometidos durante un operativo de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) del ejército paraguayo en septiembre del 2020. 

La inestabilidad política y crispación social persisten, en un ambiente muy reminiscente de la última dictadura militar, con imputaciones arbitrarias y persecuciones a manifestantes y también simpatizantes de las movilizaciones en redes sociales. En estos días denuncias de violaciones de DD.HH. como torturas y otros abusos por parte de la policía han estado presentes. Es más, el actual Ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, militar vinculado al stronismo e instructor en la Escuela de las Américas, realizó declaraciones repudiando las movilizaciones lo cual incluso suscitó respuestas por parte de Paulo Abrao, exSecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuál será el desenlace de esta crisis? Este tercer marzo paraguayo (denominado así por otras crisis que ocurrieron también en marzo en los años 1999 y 2017) se revela como incierto. El gobierno de Mario Abdo Benítez es sostenido y a la vez amenazado por el gran poder fáctico acumulado por el expresidente Horacio Cartes, poderoso empresario con graves acusaciones de estar vinculado al contrabando, narcotráfico y lavado de activos.

Sin embargo, una cosa es cierta.

La pandemia ha desnudado crudamente la verdad a la que están sometidos los paraguayos, a pesar de los relatos de éxito macroeconómico a nivel internacional. Paraguay, uno de los países más desiguales de la región más desigual del mundo, posee una sociedad completamente abandonada por su Estado. La COVID-19 ha hecho colisionar dramáticamente la realidad de pesadilla de las calles y hogares de Paraguay contra titulares de noticias, expresiones de personalidades y organismos. Porque es imposible entender este estallido social sin revelar una verdad incómoda: Paraguay dista de ser un milagro sudamericano.

Ante el inminente rebrote del COVID-19 no podemos bajar la guardia. #CUIDEMONOSENTRETODOS

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